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El juicio por el despido del CEO del Celta queda visto para sentencia


Foto: Alba Villar / Faro de Vigo

El conflicto judicial entre el Real Club Celta y su anterior , y hasta ahora último, CEO, José Gainzarain, ya está en manos de la magistrada. La vista oral por su despido se celebró este martes y el procedimiento ha quedado pendiente de sentencia, que previsiblemente no se conocerá hasta después de las vacaciones de Semana Santa, según informa Armando Álvarez en Faro de Vigo

El cese de Gainzarain se produjo a finales de marzo de 2025. Un año más tarde, y sin que se hubiese producido ningún intento de conciliación entre las partes, ambas comparecieron ante la Sala 7 del Juzgado de lo Social, bajo la dirección de la magistrada Carmén Bóveda, para defender sus respectivas posiciones.

Según estas informaciones, en este tipo de procedimientos, lo habitual es que el fallo llegue en un plazo de entre una y dos semanas, aunque en este caso todo apunta a que la resolución se retrasará hasta después del parón festivo.

Un cese que marcó un punto de inflexión en la etapa de Marián Mouriño

La salida de Gainzarain, apenas año y medio después de su incorporación, supuso un fuerte golpe en la estructura directiva del club. De hecho, el relevo en la cúpula económica ha sido considerado como el episodio institucional más delicado al que ha tenido que hacer frente Marián Mouriño desde su llegada a la presidencia del Celta.

El despido no afectó únicamente al entonces CEO. También fue cesada la directora financiera, Sonia García, que había aterrizado en la entidad de la mano de Gainzarain para sustituir a María José Herbón.

El Celta sí pactó con Sonia García, pero no con Gainzarain

A diferencia de lo ocurrido con Gainzarain, el caso de Sonia García sí se resolvió antes de llegar a juicio. El pasado 1 de julio, justo antes de la vista prevista, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el que el Celta reconoció la improcedencia del despido y aceptó el pago de una indemnización.

En cambio, no hubo ningún acercamiento similar con el ex CEO, cuyo cargo, además, no ha vuelto a ser cubierto formalmente desde su salida.

Presencia de la cúpula del club en la Cidade da Xustiza

La jornada judicial arrancó a primera hora de la mañana. Gainzarain esperaba a las 9.00 horas ante la sala de vistas número 23 de la Cidade da Xustiza, acompañado por su equipo legal, encabezado por Héctor Moltó Llovet y con la asistencia de José Sánchez Bustamante, ambos del despacho Moltó Abogados.

Poco después hicieron acto de presencia la presidenta del club, Marián Mouriño, junto a los tres consejeros citados como representantes del Real Club Celta: Miguel Álvarez, José Manuel Amoedo y Antón Álvarez.

En la demanda presentada por Gainzarain también aparece como parte el Grupo GES, la sociedad a través de la cual la familia Mouriño controla la mayoría accionarial de la SAD celeste. La defensa jurídica del club corrió a cargo de Manel Hernández, abogado del despacho Pérez-Llorca.

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El juzgado archiva la querella contra Mouriño y su consejo


JESÚS DE ARCOS
El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo hizo ayer público el auto mediante el cual la jueza Eva Ferreiro Estévez dicta el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada por los abogados de los ex futbolistas célticos Diego Placente, Fernando Baiano y Fernando Sales contra los miembros del consejo del Celta en el momento de la última reducción de capital.

Los ex jugadores acusaban a los directivos celestes de estafa tras la operación acordeón realizada durante el proceso concursal, al ofrecer capitalizar deuda y a continuación proceder a una resducción de capital que rebajaba el valor de dichas acciones de forma más que ostensible.

La jueza desmonta en su auto toda la argumentación de los abogados de los ex futbolistas y da por buenas las declaraciones realizadas hace una semana por los consejeros celestes ?'declaraciones coherentes, coincidentes y verosímiles de los querellados', relata el auto?. En concreto, la querella se presentó contra el presidente Carlos Mouriño, los vicepresidentes Ricardo Barros y Pedro Posada, los consejeros Antonio Rosendo, Primitivo Ferro y Carmen Avendaño y la ya ex consejera Gabriela Lagos. Todos ellos aseguraron ayer, en un comunicado conjunto, que se reservan el derecho de emprender 'las acciones legales que consideren oportunas para defender su honor y garantizar que no se dañe en ningún momento su imagen y mucho menos con un ánimo únicamente lucrativo'.

El auto resalta que no aprecia 'en las actuaciones indicios de la comisión de ilícito penal alguno por parte de los querellados'. La jueza considera que los querellantes ya conocían en el momento de capitalizar sus acciones que la posibilidad de una reducción de capital era muy real, ya que el propio presidente así lo había expresado en una asamblea.

Además, niega que la operación respondiese a un interés lucrativo de los consejeros -'no alzanza a vislumbrarse'-, ya que ninguno de ellos cobra por el cargo y algunos (Mouriño y Barros) también figuraban como acreedores del club y escogieron la capitalización. Es más, la jueza tampoco considera que se haya producido perjuicio alguno a los ex futbolistas, ya que argumenta que de las tres opciones que daba el proceso concursal, la de la capitalización se ha confirmado como la mejor.

A lo largo de todo el auto, la jueza va fundamentando su decisión en los argumentos esgrimidos por los consejeros en la defensa. Así, sostiene que 'parece del todo lógico', por ejemplo, que se decidiese reducir el capital en 19.000.000 euros en vez de los 8.500.000 imprescindibles, ya que otorgaba 'un margen de actuación económico que en este caso parece ser que ha sabido gestionarse adecuadamente el Consejo'.

Puesto a apoyar argumentos de la defensa, el auto incluso apunta que ' si su porcentaje de acciones no resulta suficiente para conformar un grupo de fiscalización de la entidad deportiva no pueden imputar eso a los querellados'.

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Mouriño defiende que la reducción de capital fue limpia


JESUS DE ARCOS

La magistrada suplente del juzgado número 4 de instrucción de Vigo tomó ayer declaración al consejo de administración del Celta sobre la querella por estafa y delito societario planteada contra ellos por un grupo sindicado de accionistas, al que pertenecen exjugadores como Placente. Los célticos confían en que la juez archive el caso. Los letrados de los accionistas, en cambio, esperan que el proceso siga adelante y el lunes pedirán nuevas diligencias probatorias.

La historia se remonta al tramo final del proceso concursal en 2009, cuando varios acreedores decidieron convertir la deuda en acciones. Esto se concretó en una ampliación de capital del Celta. Escasos días después la directiva logró la aprobación en asamblea de lo contrario, una reducción de capital, en lo que se conoce como "operación acordeón". Alegaban que el club entraba en causa de disolución.

Esta reducción de capital hizo que las acciones de la sociedad anónima deportiva pasasen de tener de 60 a 10 euros de valor nominal. El grupo que tiene a Placente como cabeza visible (suyos son la mayoría de estos títulos sindicados) entiende que la maniobra constituyó una estafa. Los abogados Pablo Viana y Sergio Sánchez plantearon la demanda, que no fue admitida. Recurrieron y la audiencia provincial ha ordenado la apertura del proceso.

Viana y Sánchez estuvieron presentes ayer en las diligencias. Acudieron los actuales consejeros, con Carlos Mourinho a la cabeza, además de Gabriela Lagos, que dimitió en fecha posterior a los hechos. Declararon Primitivo Ferro, Gabriela Lagos (ambos también ejercieron de letrados), Carlos Mouriño (con Antonio Chaves como abogado) y Ricardo Barros, asesorado por Lagos. La juez estimó que no era necesario interrogar a Antonio Rosendo, Pedro Posada y Carmen Avendaño.

Las declaraciones fueron largas, entre las 10.00 horas y las 14.30 en total. Según las fuentes consultadas, la juez se mostró interesada y participó activamente en el cuestionario.

Mouriño está convencido de que el caso no prosperará. "Se está poniendo en duda el valor de las acciones. Cuando cogimos el club antes del proceso, las acciones no valían nada. Tras el saneamiento es cuando empiezan a tener valor", indica, comparando el valor nominal con el valor de mercado.

"Hemos tenido seis juicios con esta persona (Pablo Viana) y hemos ganado cinco", cuantifica el presidente céltico. "Esperamos también ganar el último que nos queda. Confío en la justicia".

Mouriño refrenda la teoría de la "querella catalana", planteada como presión: "Esta persona está empeñada en que le compremos las acciones y no las vamos a comprar, nos da la lata permanentemente. De este consejo no saldrá ninguna oferta de compra". Argumenta además: "Participamos igual que ellos (en la reducción de capital); si perdieron ellos, perdimos nosotros".

La parte denunciante asegura que los consejeros célticos reconocieron que el valor real de las acciones en 2009 era cero, lo que, a su juicio, demostraría la voluntad de engaño al plantear la conversión como opción en el proceso concursal. Aseguran que la sociedad anónima podría haber emitido una serie especial de acciones por un valor nominal que no se viese afectado por la reducción. Anticipan que probablemente pidan la restitución de los 50 euros de valor perdidos en cada título si el caso prosigue.

Armando Álvarez / Faro de Vigo
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Mouriño y su consejo acuden hoy al juicio por la reducción de capital


FdV

Carlos Mouriño y el resto de miembros que componían el consejo de administración del Celta en noviembre del 2009 están citados a declarar esta mañana en calidad de querellados al prosperar la denuncia que los letrados de Diego Placente habían interpuesto en su día al considerar que podía existir un delito de estafa en la operación acordeón que llevó a cabo el Celta en el segundo semestre del año 2009.

En la causa admitida a trámite, después de presentarse un recurso en la Audiencia Provincial de Pontevedra, por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo han podido personarse las 23 empresas o personas que en su día se acogieron a la modalidad de convertir la deuda concursal el acciones del Celta al valor nominal de 60 euros por títulos, que poco tiempo después, con la reducción de capital aprobada en junta general pasaron a tener un valor de diez euros. Un grupo considerable se ha personado en el caso, mientras otros han decidido pasar página. También se ha procedido a la convocatoria del ministerio fiscal, aunque su comparecencia es otra de la incógnitas.

La declaración de esta mañana, prevista para las diez horas, es el primer paso de un asunto que podría tener un segundo capítulo en la declaración de otras personas o entidades relacionadas con el asunto e que incluso podría volver también a los juzgados de Pontevedra en función de la resolución que adopte la juez sustituta de la magistrada Eva María Ferreiro, que fue la encargada de solicitar la declaración como querellados de los miembros del consejo de administración del Celta. En caso de llegar hasta el final, los querellados podrían tener que responder con su patrimonio por la reducción de dejó en 3,8 millones un capital social de 22,6.

La citación incluye además del presidente Carlos Mouriño, a Ricardo Barros, Pedro Posada, Carmen Avendaño, Gabriela Lago, Antonio Rosendo Martínez y Primitivo Ferro, de todos ellos, únicamente Gabriela Lagos ya se ha desvinculado del Celta. En el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra que reabrió el caso se apunta que «no se excluye la posibilidad de un delito de estafa desde el momento que por el querellante se alega la existencia de engaño» y se apunta directamente al escaso tiempo transcurrido entre la ampliación de capital (publicado en el Boletín del Registro Mercantil el 2 de octubre de 2009) y la convocatoria de junta general para reducir el capital social del Celta (27 de noviembre del mismo año).

Desde el Celta siempre se ha indicado que se trataba de algo ajeno al club, y que afecta a sus consejeros a nivel particular, restándole trascendencia al último rescoldo que queda pendiente derivado del convenio concursal.

La Voz de Galicia
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Horacio y su consejo no sufrirán un embargo


Foto: Farodevigo.es
La sala número 3 del Juzgado mercantil de Pontevedra, que juzga la querella de Hacienda contra Horacio Gómez y los miembros de su consejo de Administración ha desestimado las medidas cautelares que había solicitado el demandante. La Agencia Estatal de Administración Tributaria había pedido el embargo de diversos bienes de cada uno de los miembros de la directiva. El magistrado José María Blanco Saralegui estima que no procede y condena a Hacienda al pago de las costas.

La Agencia Tributaria ha demandado a Horacio Gómez y los directivos que formaban parte de su consejo en 2002, Alfredo Rodríguez, Fernando Mosquera, Roberto Prieto, José García Costas y Ricardo Barros, el único que aún sigue como consejero con Carlos Mouriño. La cantidad corresponde a las deudas que el club tenía con la Agencia Tributaria (por actas y liquidaciones del I.V.A.) que en el proceso concursal se consiguieron como ordinarias y subordinadas.

La Agencia había pedido que se embargasen de forma provisional propiedades de los directivos que detabllaba en cada caso bienes inmuebles (urbanos de uso residencial, solares y rústicos), cuentas bancarias, planes de pensiones, vehículos, salarios o participaciones directas en entidades. El juez considera que no procede en un fallo cuyo razonamiento estudian las partes aunque en el entorno del ex presidente se cree que el fallo refuerza su postura de cara a un juicio que, tras el conflicto de competencias entre Vigo y Pontevedra todavía está pendiente de fecha para su vista oral.

Faro de Vigo 
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Horacio Gómez: "El pecado más grave que cometí con el Celta fue vender mis acciones a Mouriño"


Horacio Gómez lamenta que el juez lo haya declarado culpable, junto a Alfredo Rodríguez, de cometer irregularidades con la contabilidad del Celta. Ambos, condenados a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial. El expresidente, sin embargo, destaca que el fallo se ciñe a "cuestiones técnicas" (provisión de las actas, amortización de Catanha...). Gómez critica con dureza a su antecesor, Carlos Mouriño. "Mientras esté ese señor como presidente y con ese consejo, este club lamentablemente seguirá en Segunda".

ARMANDO ÁLVAREZ - VIGO – ¿Qué valoración hace de la sentencia en la que el juez considera a Alfredo Rodríguez y a usted como responsables de irregularidades relevantes en la contabilidad del Celta?
– Me gustaría que hubiese salido de otra forma. No he sido un ladrón. No se me juzga por llevarme ni un solo céntimo del club. Es una sentencia técnica, sobre cuestiones contables. Ha quedado claro que la entrada del Celta en concurso no estuvo provocada por una situación de insolvencia, sino porque desgraciadamente el club se fue a Segunda y no lograron ascenderlo. En su momento, los asesores y el consejo tomamos decisiones sobre la provisión de las actas o la valoración de los jugadores pensando en lo que era mejor para el Celta. Hoy, sabiendo todo lo que ha pasado y hemos vivido, volvería a tomar esas decisiones. Nunca perjudicaron al club. En la sentencia se demuestra que ese no ha sido el problema que provocó la entrada en concursal. La causa es el descenso. No ha sido el primero ni será el último.

– ¿Recurrirán?
– Sí. Este partido no se ha terminado. Hay que jugarlo. Mi honradez y mi trabajo de tantos años están ahí. Puede quedar un poco a oscuras mi gestión por temas técnicos. Pero yo tengo la conciencia muy tranquila. Nadie podrá borrar lo que hicimos y vivimos con el Celta.

– ¿Para la afición queda que lo declaran culpable?
– La afición sabe bien todo lo que se ha hecho durante mis once años como presidente. El pecado más grande que he cometido con el Celta y el celtismo ha sido venderle mis acciones a Mouriño. Le dejé un club con prestigio, con imagen, con grandísimos jugadores y en competición europea. Esa decisión sí que no la tomaría ahora. Tenía otras opciones para vender mis acciones, había otras personas interesadas. Mouriño llevaba conmigo cuatro años en el consejo. Le ilusionaba tanto ser presidente que lo escogí. Es un error desgraciado del que sí estoy arrepentido. No tenía ninguna necesidad. Él es un hombre adinerado. Hablaba de reforzar el equipo y hacerlo más grande si cabe. Lamentablemente nos ha llevado a las cotas más bajas de la historia del Celta. Insisto en lo que dije un día: recompraría mis acciones a Mouriño en las condiciones económicas y deportivas en las que estaba el club cuando se lo dejé.

– El juez cuestiona determinadas prácticas en su gestión: la cesión de Catanha, la forma de llevar la caja
– Son temas del fútbol, que está administrado de esta forma. Si Catanha fue cedido a un equipo ruso y quedó contabilizado así, eso no provocó insolvencia. El Celta pagaba en mi etapa a todos los proveedores. Era un equipo solvente en Primera. Descender afectó a los ingresos y ya fue cosa de otras personas, que son las responsables de que el Celta lleve cinco años en Segunda y con muy pocas posibilidades de ascender. No les veo formación, ganas de invertir. Tuvieron una oportunidad de apostar este año, de arriesgar como hicimos los demás en muchos momentos. Mientras esté ese señor como presidente y con ese consejo, este club lamentablemente seguirá en Segunda. No saben hacerlo. No tienen ganas ni tiempo para llevar a este equipo a Primera.

– El juez critica una forma de actuar en el fútbol español.
– Podemos criticar a los asesores y técnicos por cosas como valorar a Oubiña en 10 millones de euros. ¿Pero no será preferible incluir eso en el balance que un campo de fútbol que no es del Celta? Los jugadores sí son del Celta. El campo nos lo han prestado. Y sin embargo lo valoran ellos en 30 millones. Se entiende que hay mala fe al hacer estas cosas. Todos los aficionados sabían que Oubiña era un jugador de la selección española pretendido por muchos clubes como el Benfica o el Real Madrid en su momento. Por tanto tiene un valor tangible. Que luego se haya lesionado con cosas que pasan en el mundo del fútbol. Cuando se tomó la decisión conjunta con los técnicos, se tomó la mejor decisión para el Celta. Y sigo creyendo que esa decisión se tomó con rigor y la volvería a tomar hoy por hoy. Es lo que está haciendo todo el fútbol español.

– El juez cree "inverosímil" que no hubiese primas pactadas por el ascenso y la UEFA.
– Nos reuníamos con los capitanes y negociábamos. En algún año no hubo acuerdo de primas. Si no hay acuerdo ni contrato firmado, las personas que asumen la responsabilidad del club no debían haber pagado las primas. Es lo que hemos defendido y seguiré defendiendo. Si lo han pagado, allá ellos. Será su responsabilidad. Mouriño debía haberse dedicado más a invertir en jugadores y apostar por hacer un equipo fuerte. Se han dedicado a despedir a personas importantes, que nos llevaron por Europa e hicieron felices a miles de celtistas. Han gastado el dinero en despidos, abogados, procesos concursales e informes jurídicos haciendo daño a las personas porque así parece que responsabilizan a los de atrás de su fracaso en la gestión. Por mucho que lo intenten, el daño que hagan no borrará la historia más brillante del celtismo. No lo borrará ni Mouriño ni cuatro como él. Fue el trabajo de muchísima gente, de grandes profesionales que nos llevaron a caminar por Europa.

– Pero es cierto que casi todos los clubes han entrado o están entrando en concursal. ¿Jugaron por encima de sus posibilidades?
– El Celta no ha jugado por encima de sus posibilidades. El Celta, estando en la categoría que estaban, con los ingresos que tenía, no sufría ningún problema. Para competir en Primera, tienes que intentar realizar una gran gestión, fichar a grandes jugadores que después te proporcionen plusvalías. Nuestro éxito fue contratar y vender grandes jugadores. Avalé con mi casa y mis empresas en momentos complicados. Sacamos el club adelante. Le dejé a Mouriño las llaves de un equipo quinto en la liga española. ¿Qué club español de Primera no debe dinero? Y con unas actas de Hacienda que son injustas y se están ganando.

Fuente: Faro de Vigo 
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Horacio no tendrá que responder con su patrimonio a la insolvencia del Celta


Horacio Gómez no tendrá que responder con su patrimonio de la situación de insolvencia que desencadenó el concurso de acreedores del Celta al retirar el fiscal la petición de que el expresidente hiciese frente con su peculio al incremento del pasivo el club entre los años 2002 y 2006 por haber decrecido la deuda del club en este periodo.

 El ministerio público mantiene, pese a esta rectificación, la calificación del concurso como culpable y solicita que se condene a Gómez y a su director general, Alfredo Rodríguez, a una pena de diez años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Se solicita, asimismo, que se señale como cómplice de ambos al auditor de cuentas José Manuel Patiño, aunque sin petición de pena. La administración concursal reclama cinco años de inhabilitación para los dos exdirigentes célticos mientras que los abogados de la defensa solicitan que se califique el concurso como fortuito.

El juicio contra Horacio Gómez quedó visto para sentencia tras cuatro largas jornadas de sesiones dedicadas a la declaración y el interrogatorio de los imputados y de los distintos expertos y testigos propuestos por la defensa y, finalmente, ayer, a la exposición de conclusiones.

La administración concursal y el ministerio público pidieron la calificación de culpabilidad al considerar probado que Gómez y Rodríguez cometieron irregularidades relevantes de contabilidad para reflejar una situación patrimonial ficticia e incumplieron la obligación de disolver la sociedad, que funcionó durante años con patrimonio neto negativo sin que se tomasen medidas para evitar su disolución, como ampliar capital.

Las principales prácticas contables anómalas señaladas por la administración concursal fueron la no provisión de las actas de Hacienda (que constituyen la mayor parte del pasivo y han sido luego ganadas por el club), la activación contable de varios futbolistas de la cantera (Oubiña, Bouzón, Isaac), la amortización supuestamente indebida de los contratos de Catanha y Méndez o irregularidades en el contrato publicitario suscrito con Caixanova, entre otras.

Los abogados de Gómez y Rodríguez negaron tales prácticas y denunciaron la ocultación por parte del Celta y de la administración concursal de "documentación fundamental" que respalda sus tesis . Se referían en concreto a la sentencia del Tribunal Supremo de enero pasado que dejaba sin efecto una deuda con Hacienda de 8,2 millones de euros que los antiguos gestores no provisionaron en el balance y que el Celta y la administración concursal obviaron con una actitud "rayana en la obstrucción a la justicia", en palabras del abogado de Gómez, Javier Búa. Este lamentó que la administración concursal no hubiese respetado el principio jurídico de "igualdad de armas" y deploró el "injusto juicio mediático" al que ha sido sometido el expresidente celeste "durante dos años y medio" .

El abogado de Alfredo Rodríguez, Javier Tebas, denunció "un montaje" de la administración concursal para poner en duda la honorabilidad de dos personas. Tebas destacó que la administración concursal ya no vincula en sus conclusiones las supuestas irregularidades contables a la causa de disolución. Recordó que Carlos Mouriño era ya consejero delegado de la entidad en mayo de 2006 y consideró asimismo que ha quedado acreditado por los informes de los peritos y ls conclusiones expuestas por las defensas que no existió ningún tipo de irregularidad relevante.

Texto y fotos: Farodevigo.es 
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Horacio Gómez niega ser el culpable de la deuda del Celta


Foto: Farodevigo.es

El expresidente del Celta Horacio Gómez y el exdirector general de la entidad Alfredo Rodríguez han negado este lunes responsabilidad alguna en la quiebra económica que en 2008 llevó al club celeste a la vía concursal.

Durante la primera sesión del juicio que este lunes se celebró en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra, el primero en declarar fue Gómez, quien rechazó la acusación de que, bajo su mandato hasta que cesó en mayo de 2006, se hubieran realizado "irregulares" y "graves operaciones contables" que no se reflejaban en las actas para ocultar que el Celta tenía una economía preocupante.

Horacio Gómez rebatió esta acusación asegurando que el Celta nunca tuvo una situación financiera tan delicada que le llevara a plantearse la necesidad de recurrir a la vía concursal. "Teníamos grandes jugadores que generaban importantes plusvalías, y esto nos permitía estar en la élite del fútbol", declaró.

Gómez alegó su "celtismo por encima de todo" para reiterar que conscientemente nunca tomó decisión alguna en contra del club, apostilló respecto a determinadas actuaciones contables que hicieron "lo que hacen la mayoría de los clubes", y concluyó que todas las decisiones del consejo de administración que presidía, y todas las actuaciones que se pusieron en marcha, se reflejaron en las actas.

Realidad en las actas
Por su parte Alfredo Rodríguez, en un tono mucho más técnico, coincidió en lo básico, para asegurar que "el Celta siempre estuvo al corriente del pago de sus obligaciones", y que "toda la realidad sobre la situación jurídica del Celta se reflejó siempre en las actas". Sin embargo, ninguno de los dos supieron explicar cómo el libro de actas acabó extraviado.

En cuanto a la demanda de Hacienda contra el Celta por deudas insatisfechas, los exdirectivos celestes indicaron que recurrieron y pensaron que iban a ganar, por lo que no hicieron un depósito de casi 3.000 millones de pesetas para afrontar un previsible riesgo.

"Eso supondría la desaparición del club", aseguró Alfredo Rodríguez. En la misma línea, el tercer implicado, el auditor José María Patiño, reiteró que nunca apreció ocultación de datos ni irregularidades contables, y no vio riesgo de insolvencia del Celta hasta el cese de Horacio Gómez.

El auditor hizo hincapié en puntualizar que no era dirigente del Celta, no era su contable y no era el responsable de las cuentas. Según dijo, su función se limitaba a emitir un informe-opinión sobre las cuentas del Club lo que, según afirmó, quería aclarar en relación a informaciones publicadas en medios de comunicación.

Sobre esta puntualización, el juez le aclaró al auditor, para que se tranquilizara, que "ningún periodista va a dictar la sentencia" en este proceso.

Fuente: Europa Press
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