Sigue el desacuerdo en el concurso del Deportivo de la Coruña

Los administradores concursales del equipo coruñés - Foto: 13fotos

El juez Rafael García Pérez rechazó ayer en un auto la propuesta de convenio presentada por la Agencia Tributaria que planteaba al Deportivo un plazo de pago máximo de 8 años para la deuda dura -privilegiada- y 10 para la blanda -ordinaria y subordinada- y lo condicionaba a una ampliación de capital por un importe mínimo de 16 millones de euros que debería ser cumplimentada antes de los seis meses siguientes a la aceptación del convenio por el juzgado.

Fue este último punto el que echó por tierra la propuesta que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que puede elaborar otro proyecto y entregárselo al juez hasta 40 días hábiles antes de la celebración de la junta de acreedores. El auto del juez recoge que "al establecer la obligación de realizar desembolsos por terceros distintos al deudor en un período de tiempo determinado, la propuesta está haciendo depender el cumplimiento del convenio de un suceso futuro e incierto ajeno a la voluntad del deudor".

La propuesta de Hacienda ha causado una gran extrañeza en medios jurídicos de la ciudad, ya que cualquier abogado medianamente familiarizado con procesos concursales conoce que las propuestas de convenio no pueden someterse a condicionantes. Especialmente a condiciones cuyo cumplimiento no se puede garantizar. Es una regla de oro. La repercusión entre otros importantes acreedores fue aún más mordaz y llegaron a calificar la iniciativa de descabellada por la imposible garantía de cumplimiento por el Deportivo de una condición tan lapidaria. De haberlo admitido el juez, el planteamiento de Hacienda significaría que el Deportivo quebraría si antes de que se cumplan seis meses desde la aprobación del convenio por el juez, es decir, en la práctica antes del próximo mes de junio, no hubiera logrado cubrir esa ampliación de capital. Algo que, obviamente, nadie puede garantizar, como razona el juez en el auto de ayer.

Rafael García Pérez afirma que en el caso de que esas "terceras personas" no desembolsaran 16 millones de euros de la ampliación antes de finalizar la temporada 2020-2021, el convenio se consideraría incumplido, la eficacia novatoria del convenio sobre los créditos de la concursada desaparecería, y la sociedad anónima deportiva entraría en liquidación. El juez observa que de la propuesta de Hacienda parece desprenderse que "se pretende realizar una operación acordeón y que las nuevas acciones emitidas tendrían un euro de valor nominal y una prima de emisión de 15 euros por acción". "Con ese proyecto de viabilidad, debe repararse en que los inversores minoristas -abonados y simpatizantes del club- que acudiesen a la ampliación para evitar la liquidación del Real Club Deportivo de La Coruña, podrían perder su inversión, pues, si no se llegase a cumplir la condición y se liquidase el club, nada recuperarían del dinero aportado", expone.

Por otro lado, el juez concursal del Deportivo dispone en un auto emitido ayer que la junta de acreedores del club coruñés se celebre el próximo 10 de enero a las 10.30 horas de la mañana.

Faro de Vigo