La Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido un informe desfavorable que pone fin a los intentos de la Xunta de Galicia de regularizar, de manera controvertida, la construcción de la ciudad deportiva que el Celta de Vigo comenzó a edificar con licencias urbanísticas ilegales emitidas por el Concello de Mos (Pontevedra), gobernado por el Partido Popular. Tras la ratificación de la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y un litigio iniciado cuando los propietarios de montes comunales de Tameiga (Mos) se opusieron a los planes de la empresa gestionada por la familia Mouriño, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda intentaron declararla Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para regularizar su situación al margen de las sentencias judiciales.
El informe, al que tuvo acceso en exclusiva O Salto, es preceptivo, vinculante y un paso necesario para que la Xunta de Galicia, gobernada al menos hasta el próximo 18 de febrero por el Partido Popular, pueda desestimar una sentencia del alto tribunal gallego. Sin ese informe favorable, el camino se acaba aquí para el empresario Carlos Mouriño y su hija Marián, ahora presidenta del club vigués. "El pronunciamiento [es] desfavorable en cuanto a la disponibilidad jurídica de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del PIA, al no encontrarse, en la documentación aportada, claramente evaluados estos ni su procedencia, ni el futuro de las concesiones que se pueden ver afectadas", reza el documento que firma el presidente de la Confederación, Manuel González Sarria. Y constata que, "a día de hoy, en el ámbito del plan informado no existe ninguna reserva hidrológica declarada".
Ecologistas en Acción y los comuneros de Tameiga celebran la contundencia del informe. Obviamente, explican a esta redacción, la insuficiencia hídrica señalada por la Confederación Hidrográfica condiciona totalmente la tramitación del PIA: "Este defecto no es enmendable a corto plazo, no pueden fabricar agua ni sacarla de donde no la hay". Ecologistas en Acción destaca que la propia construcción del proyecto GS360 agravaría la escasez de agua, ya que la construcción de un proyecto de esta envergadura que ocupa 150.000 metros cuadrados de terreno forestal "es muy perjudicial para las captaciones de agua, porque ponen en riesgo nacientes y lechos de arroyos dada la fragilidad de la capa geológica", profundiza Cristóbal López, portavoz de Ecologistas.
"El informe deja bien claro que no hay agua suficiente para abastecer el millón de litros diarios que demanda el proyecto, que además hasta planea un parque de atracciones de agua", dicen desde Ecologistas. Subrayan que una vez ejecutado el proyecto se reducirá significativamente la capacidad de infiltración en toda la zona debido a la propia transformación del relieve y a los movimientos de tierra en primera instancia y, sobre todo, de manera permanente en todas aquellas áreas que se vean sometidas a algún tipo de pavimentación. "La Confederación Hidrográfica deja bien claro que no hay agua suficiente para abastecer el millón de litros diarios que demanda el GS360 —así se llama oficialmente el proyecto—, pero además el despropósito es tan grande que los promotores del GS360 anunciaron la construcción de un gran parque de atracciones de agua en el complejo de ocio", reafirma el portavoz de Ecologistas en Acción.
Familias y medio ambiente tras las expropiaciones apoyadas por la Xunta
En 2017, desde los despachos de la empresa propietaria del Celta de Vigo, salieron algunas de las primeras ofertas de negociación para hacerse con cerca de medio millón de metros cuadrados de terreno comunal. Además, casi 450 familias propietarias del monte vecinal de Tameiga, en Mos (Pontevedra), un pequeño municipio gobernado por el Partido Popular y limítrofe con la ciudad de Vigo, histórica sede del Celta.
Los comuneros y comuneras dijeron que no, que querían sus tierras y que, además, esos precios estaban muy por debajo del marcado por el mercado. Al entonces presidente de la Xunta de Galicia y hoy líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, le importó poco y, como tantas otras veces, acudió a la llamada de Carlos Mouriño para presentar junto a él lo que las vecinas y vecinos de Mos apenas unas semanas tardaron en catalogar como el gran "pelotazo urbanístico" en su tierra. Ni a Feijóo, y ahora tampoco a Rueda, les importaron las sentencias que lo declaraban ilegal. Tenían a toda la prensa de su parte publicando día sí y día también las cifras de empleo que supuestamente generaría y elaboradas infografías de las presuntas bondades deportivas y económicas que traería la desfachatez sin igual de uno de los pulmones verdes del área metropolitana más poblada de Galicia. Les dio igual el clamor social y pusieron en marcha una declaración de PIA para facilitar, aún más, la expropiación de estas casi medio millar de familias y el beneplácito para ejecutar los negocios del club vigués.
De hecho, desde Ecologistas denuncian la interpretación torticera de este tipo de instrumento legal. Según la propia Xunta, los PIA tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución de aquellas actuaciones que trascienden el ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud "o sus singulares características que las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado, que no tienen previsión ni acomodo en el plan urbanístico". Algo que fue previsto para poder ampliar o instalar infraestructuras indispensables como un hospital público o una planta de reciclaje,
