La investigación jurídica se centra en la alteración de las puntuaciones, una maniobra que benefició a San Sebastián (con el estadio de Anoeta) en detrimento de la ciudad gallega. Esta irregularidad fue revelada inicialmente por el diario EL Mundo, y provocó una profunda crisis dentro del equipo organizador. Como consecuencia, María Tato, principal responsable de la candidatura, presentó su dimisión tras confirmarse que modificó las valoraciones sin el conocimiento ni consentimiento del resto del equipo técnico.
A pesar de la gravedad de los hechos, el informe no recomienda acudir a la vía penal. Los juristas consideran que una acción judicial podría dilatar en el tiempo cualquier posibilidad de revertir la decisión, lo que iría en contra del objetivo prioritario: lograr que Vigo sea reconocida como sede del Mundial. En su lugar, el despacho propone una vía institucional: presionar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que solicite formalmente a la FIFA la inclusión de Vigo en lugar de Málaga, ciudad que recientemente ha renunciado a su participación como sede.
El dictamen también aconseja enviar una misiva directamente al presidente de la FIFA, argumentando la petición en base a los “hechos anómalos” que empañaron el proceso de selección, y aprovechando la vacante que deja la retirada de Málaga.
“Debe priorizarse el clima de colaboración y diálogo institucional”, concluye el informe, apelando a una solución diplomática antes que contenciosa. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, deberá ahora decidir si sigue el camino legal o adopta esta estrategia negociadora para intentar que la ciudad recupere su lugar en el Mundial 2030.
