Las relaciones entre la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, y el Real Club Celta de Vigo han dado un paso significativo con un nuevo acuerdo que promete fortalecer la viabilidad económica de la Ciudad Deportiva del Celta en Mos. Sin embargo, este avance no está exento de controversias y preocupaciones. La administración pública también declarará el proyecto GS360 de "Interés Autonómico", a pesar de tratarse de un proyecto de interés privado.
Uno de los puntos más debatidos es la recalificación de los terrenos donde se ubica la ciudad deportiva, que han pasado de ser rústicos a urbanizables. Esta decisión ha sido cuestionada por grupos ecologistas y algunos vecinos, quienes expresan su preocupación por el impacto ambiental del proyecto en una zona considerada de especial protección natural. Ecoloxistas en Acción ha presentado denuncias sobre el efecto que este desarrollo podría tener en las aguas de la región.
Además, se han interpuesto recursos judiciales que ponen en entredicho la legalidad del proceso de aprobación y los permisos otorgados para la obra, lo que podría retrasar o incluso paralizar el desarrollo de la ciudad deportiva, aunque desde el club siempre han manifestado su tranquilidad al respecto, asegurando que todas las sentencias han sido favorables a sus intereses.
Mientras tanto, la Xunta de Galicia y el Real Club Celta han firmado un protocolo que permitirá la creación de una nueva infraestructura vial. Este proyecto incluye la construcción de dos nuevos accesos en los puntos kilométricos 19 y 20 de la autopista AG-57, que conectarán directamente con la Avenida Clara Campoamor. Estas mejoras en la comunicación no solo beneficiarán a la Ciudad Deportiva Afouteza, sino que también facilitarán el acceso al campus universitario de Vigo y al Hospital Álvaro Cunqueiro.
El Celta asumirá parte de los costos de esta obra, con una inversión total de seis millones de euros, aunque el erario público también tendrá que cubrir gastos relacionados. Según la Consellería de Infraestructuras, este nuevo trazado beneficiará a los residentes de las áreas de Pazos y Baiona, y se espera que el estudio de impacto ambiental esté completado antes de fin de año, permitiendo que las obras se liciten y ejecuten a principios de 2025.
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