La solicitud de indemnización se basa en un principio legal: cuando es imposible ejecutar una sentencia, la justicia reconoce el derecho a ser indemnizado. En este caso, aunque la sentencia anuló las licencias, las instalaciones del Celta no fueron derribadas ni se restauró la legalidad. Esto se debió a la posterior aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones, junto con una nueva licencia emitida por la junta de gobierno del Concello de Mos.
Los comuneros han fundamentado su reclamación en la doctrina del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que sostiene que la indemnización debe cubrir no solo los gastos procesales, sino también una compensación por el daño moral. La cifra de 323.799 euros fue calculada considerando el presupuesto de la obra cuestionada —la primera fase del GS360— y los baremos establecidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Vigo.
Defensa del Monte Frente al Proyecto GS360
La Comunidad de Montes de Tameiga ha expresado que cualquier cantidad obtenida como indemnización será destinada a la compra de más terrenos forestales, con el objetivo de proteger el monte frente a "la amenaza latente de la futura ampliación del Celta". La primera fase del proyecto ya ha destruido miles de metros cuadrados de monte, pero los comuneros temen que GS360 implique la devastación de aún más terreno rústico de especial protección.
La lucha de los comuneros se centra en la protección del patrimonio natural y el valor ambiental de los montes periurbanos, que juegan un papel crucial en la absorción de CO2, la producción de oxígeno y la lucha contra el cambio climático. Además, estas áreas verdes son esenciales para el ocio y proporcionan recursos naturales vitales para los habitantes de la zona.
La Comunidad de Montes de Tameiga ha sido proactiva en la adquisición de terrenos forestales para asegurar su protección. En 2023, compró más de 1,6 hectáreas con una inversión cercana a los 190.000 euros, y recientemente adquirió otros 8.500 metros cuadrados. Estas parcelas se mantendrán como espacios verdes, cuidados y de acceso público.
En su comunicado, los comuneros reafirman su oposición al proyecto GS360, que implicaría la construcción de infraestructuras como carreteras, edificios, un hotel y áreas comerciales sobre decenas de miles de metros cuadrados de masa forestal. El monte afectado, que cuenta con la clasificación de rústico de especial protección, es una fuente vital de recursos para miles de vecinos, proporcionando agua y biomasa, además de ser un espacio de esparcimiento para la comunidad.
Los comuneros critican que el GS360 representa una amenaza innecesaria para la naturaleza y el bienestar de más de 5.000 personas, al proponer infraestructuras duplicadas y superfluas que pondrían en riesgo el suministro de agua y destruirían un importante espacio de uso público, todo para beneficio de una entidad privada.
