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| Foto: Faro de Vigo |
La residencia Doral ha dado por agotada la negociación con el Real Club Celta y anuncia que emprenderá acciones judiciales por el conflicto del aparcamiento que afecta a su día a día, según informa Faro de Vigo. La empresa sostiene que la falta de estacionamiento perjudica ya de forma directa a más de 200 trabajadores y trabajadoras, así como a las familias de los cerca de 300 residentes. "Nos hemos visto obligados a finalizar la vía amistosa e iniciar las acciones judiciales pertinentes", señalan desde Doral, después de que el club defendiera que el contrato firmado entre ambas partes ya no tiene vigencia.
Doralresidencias S.L. sostiene que el origen del problema está en un acuerdo de subarriendo suscrito el 11 de julio de 2019, en el que, según explica, ambas partes asumían compromisos concretos. La residencia cedió el espacio que utilizaba como aparcamiento para facilitar el desarrollo de la Ciudad Deportiva Afouteza y, a cambio, el Celta se comprometía a habilitar un nuevo estacionamiento definitivo, construir una acera accesible y tramitar todas las licencias y permisos necesarios, asumiendo íntegramente la gestión urbanística. Sin embargo, la empresa asegura que "a día de hoy, el RC Celta no ha cumplido ninguna de estas obligaciones esenciales" y denuncia que esa falta de ejecución ha desembocado en una situación "insostenible".
La crisis se ha intensificado en los últimos días tras la desaparición de la solución provisional que existía frente a la residencia, al otro lado de la carretera. Ese espacio, una cuneta acondicionada por el Concello de Mos como aparcamiento en batería, quedó inutilizado después de que la Comunidad de Montes de Tameiga realizara socavones para recuperar una canalización cuya destrucción atribuía al Concello. La consecuencia inmediata ha sido un empeoramiento del problema para las familias y la plantilla del centro, en un entorno además rodeado por terrenos que serán expropiados para el desarrollo del proyecto Galicia Sports 360 impulsado por el club vigués.
Por su parte, el Celta sostiene que el contrato de 2019 ha quedado invalidado porque estaba vinculado a una modificación del PXOM que finalmente no se ejecutó, siendo sustituida por la aprobación de un plan de interés autonómico avalado hace un año por la Xunta de Galicia. Doral rechaza ese argumento y acusa al club de intentar "desviar la atención hacia la normativa urbanística o hacia terceros", recordando que el propio acuerdo atribuía al Celta la responsabilidad exclusiva de obtener permisos y asumir el riesgo urbanístico. Desde la residencia lamentan que, tras años de espera y de intentar una salida dialogada, solo hayan encontrado "una constante evasiva", por lo que ahora trasladarán el conflicto a los tribunales.
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