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Foto: Diario AS |
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado una profunda remodelación en la cúpula arbitral. Rafael Louzán, presidente en funciones de la RFEF, ha comunicado a Luis Medina Cantalejo su destitución como presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), tal como adelantó el diario AS el pasado 5 de junio.
Junto a Medina, también han sido cesados otros altos cargos del comité: Carlos Clos Gómez, responsable del VAR; Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia; y los vicepresidentes Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López. Esta sacudida en la estructura arbitral era un movimiento esperado, en sintonía con los planes de renovación que Louzán viene preparando desde su llegada al cargo.
Fin de ciclo y tensiones acumuladas
Luis Medina Cantalejo cierra así una etapa de casi cuatro años al frente del CTA. Su salida llega en un contexto de fuertes tensiones con algunos clubes, especialmente con el Real Madrid, que en los últimos años ha presionado activamente para apartarlo del cargo. La falta de conexión con el actual liderazgo federativo también ha contribuido a su destitución, en un momento en el que se pretende iniciar una nueva etapa con nuevos líderes y enfoque.
Hacia un modelo mixto y empresarial
El gran objetivo de Louzán es ambicioso: transformar el actual comité en una entidad de naturaleza mercantil en la que participen tanto la RFEF como LaLiga, y posiblemente otros actores relevantes del fútbol nacional. Esta nueva empresa tendría su propio CEO y una dirección deportiva independiente, alejándose del tradicional modelo federativo.
Sin embargo, el proyecto genera debate legal. Algunas voces consideran que sería necesario modificar la actual Ley del Deporte para que una entidad ajena a la RFEF gestione el arbitraje. Otras fuentes involucradas en las negociaciones, en cambio, defienden que el marco legal vigente no impide esta reestructuración, siempre que se mantenga la supervisión adecuada.
Una nueva era para los árbitros
De cara a la próxima temporada, el arbitraje español experimentará una transformación sin precedentes. A raíz del creciente malestar por los ataques públicos de varios clubes —con el Real Madrid nuevamente como protagonista—, los árbitros han formado un sindicato para proteger sus derechos y su integridad profesional.
La nueva estructura buscará mayor independencia institucional, aunque estará supervisada tanto por la RFEF como por LaLiga. El CTA, por tanto, dejará de ser un órgano puramente federativo para abrirse a una cogestión que pretenda garantizar mayor transparencia, profesionalización y confianza por parte de los clubes y la afición.
Los cambios, que se oficializarán el próximo 2 de julio, no solo suponen un giro en la forma de entender el arbitraje en España, sino que también marcarán el inicio de un nuevo reparto de poder en uno de los sectores más cuestionados del fútbol nacional.
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