La Audiencia ratifica la inhabilitación de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez

RAFA VÁZQUEZ

Poco más de un año después de que un Juzgado de lo Mercantil hubiese inhabilitado durante dos años al que fuera presidente del Celta, Horacio Goméz, y al exdirector general del club, Alfredo Rodríguez, la Audiencia de Pontevedra ha confirmado todos y cada uno de los extremos de la condena. La nueva resolución, al igual que la primera, mantiene la absolución del auditor José Manuel Patiño.

De este modo, se concluye que existieron «irregularidades contables relevantes en la contabilidad», algo que tanto Horacio Gómez como Alfredo Rodríguez rechazaron en sus respectivos recursos. Tal vez el principal argumento con el que trataron de lograr su exoneración fue considerar como «extemporáneo» el informe de la administración concursal, con lo que, siguiendo su argumentación, no debió tenerse en cuenta en el procedimiento. Sin embargo, los magistrados, por un lado, consideran que sí se presentó en el plazo marcado por el juez de lo Mercantil y, por otro, avala que no fuera la persona que ostentaba la condición de letrado de la administración concursal la que interviniese en la vista oral. Y es que «ante la situación ciertamente anómala de asumir la defensa técnica cuando se había formulado una opinión disidente -el letrado no compartió el criterio de la mayoría en su informe y formuló una opinión discrepante-, la juez permitió que otro de los miembros de la administración, que ostentaba también la condición de letrado, interviniera en el proceso».

La Audiencia reseña que el hecho de que existieran negociaciones para la venta de la participación de Horacio Gómez en el club, «que cristalizaron en el documento privado de 8 de abril del 2006, no supone necesariamente que cesara en las funciones de administrador, cuando se ha demostrado, se insiste, que siguió en el consejo hasta agosto de 2008 y firmó las cuentas». Al mismo tiempo, inciden en que las cuentas «no mostraban la imagen fiel en la medida en que proyectaban al exterior (acreedores, socios y terceros en general) una imagen distorsionada de la empresa fruto de una decisión incorrecta de no provisionar un solo euro ante actas de disconformidad por importe de 18 millones».

La Voz de Galicia